CARTA ABIERTA POR LA CIENCIA EN ESPAÑA
En las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión
Europea de que los recortes para controlar el déficit público no
afecten la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales de
España podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que
dañarían a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de
investigación español y contribuirían a su colapso. Esto implicaría el
mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y
que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas
y políticas. Ante esta situación, solicitamos a los responsables
políticos:
- Evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en
I+D+i. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los
Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en
el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un 8,65% en el
2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año
anterior). De ratificarse el recorte barajado para el 2012, en los
últimos años los Organismos Públicos de Investigación habrán sufrido una
reducción acumulada del 30% de la dotación procedente de estos
presupuestos. La situación se ve considerablemente agravada por las
dificultades financieras de las Universidades, que contribuyen con más
del 60% de la Investigación del país y cuyos presupuestos están
sufriendo severas restricciones en los últimos años, afectando
seriamente a su potencial investigador tanto de medios como de
recursos humanos. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del
PIB, sin embargo se estima que para el 2011 será de menos del un 1,35%. A
medio plazo es crítico alcanzar la media de la UE-27 del 2,3% y
converger hacia el objetivo del 3% del Consejo Europeo.
- Que se incluya la I+D entre los “sectores prioritarios” permitiendo
una Oferta de Empleo Público y posibilidades de contratación en
organismos públicos de investigación, universidades y centros
tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos y personal
investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.
“El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es
necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación
y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el
conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado,
diversificado y sostenible.” Estas palabras, extraídas del
Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron
aprobadas en Mayo del 2011 por el 99% de los miembros del Congreso y
Senado español, constituyendo un Pacto de Estado tácito sobre la
necesidad de priorizar la I+D. El diagnóstico es inequívoco y la
solución ha sido identificada. Ahora sólo falta que los líderes
políticos estén a la altura de sus responsabilidades y cumplan con su
palabra. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por las
Cortes Generales y el Gobierno español en las próximas semanas es el
momento de demostrar ese compromiso.
Unos presupuestos con recortes en I+D+i, como los que se están
barajando actualmente, dañarían gravemente y a largo plazo al ya muy
debilitado sistema de investigación en España, tanto su infraestructura
como especialmente su capital humano. Esto supondría una pérdida de
competitividad y así ha sido reconocido por el Consejo Europeo. En el
memorandum del 2 de Marzo 2012,
“El Consejo Europeo confirma la investigación y la innovación como motores del crecimiento y el empleo (…).
Los
Jefes de Estado y de Gobierno de la EU han enfatizado hoy (…) que la
estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual
(…) requiere un impulso de la innovación, la investigación y el
desarrollo, (….) componentes vitales de la futura competitividad y
desarrollo de Europa” (MEMO/12/153)
. Por ello que urgimos a los responsables políticos españoles a que tengan en cuenta las siguientes consideraciones.
RECURSOS HUMANOS EN I+D
El Real Decreto-ley 20/2011 de Medidas
urgentes para la corrección del Déficit Público (BOE-A-2011-20638, 31 de
diciembre del 2011, Art. 3) establece que “la contratación de
personal (…) se restringirán a los sectores (…) que se consideren
prioritarios”. “Durante el año 2012 serán objeto de amortización (…), un
número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan,
(…) salvo en los sectores (…) que se consideren prioritarios.”
El preámbulo citado de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación establece el carácter prioritario de la I+D+i. Por tanto, el
Real Decreto-ley 20/2011 permite reactivar el empleo público en I+D,
indispensable para fortalecer las instituciones de investigación.
Durante
los últimos tres años, la Oferta de Empleo Público ha castigado muy
duramente a estas instituciones, que han sufrido una drástica reducción
en el número de nuevas plazas. Para conjunto de todos los Organismos
Públicos de Investigación y CSIC, e incluyendo todos los niveles
investigadores (desde personal de laboratorio hasta profesores de
investigación), el número total de nuevas plazas ha sido de 681, 589,
106, 50 y 55, para los años 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011,
respectivamente. La intención del Gobierno es ofrecer cero plazas en el
2012. La situación es insostenible: el conjunto de todos los organismos
públicos de investigación (OPIs) agrupa a unos 140 centros con una edad
media de 50-55 años, llegando hasta los 58 años en el CSIC. La plantilla
fija de los centros de investigación se está reduciendo aceleradamente
porque durante los últimos años las plazas que quedan libres por
jubilaciones no se reponen. Mientras, el resto de la plantilla queda
relegada, en el mejor de los casos, a una concatenación de contratos de
corta duración. El resultado es una importante pérdida de competitividad
porque formar equipos y captar financiación requiere un grado de
estabilidad que un gran número de investigadores en su pico de
productividad aun no poseen, ya sea dentro del modelo funcionarial
actual o de contratación laboral. De hecho, es
urgente
flexibilizar la contratación en investigación para permitir una
planificación de recursos humanos que haga viable los planes
estratégicos. De lo contrario, nunca se alcanzarán los objetivos
marcados y el abandono de líneas de investigación supondrá una
importante pérdida de inversión. Por ejemplo, CSIC, el mayor OPI con 133
centros, ha recibido durante los años 2010 y 2011 menos de un 20% de
las necesidades mínimas de personal investigador establecidas en su plan
estratégico (Plan de Actuación 2010-2014). El resto de los OPIs están
en una situación similar o incluso peor.
La falta de estabilidad en la política de recursos humanos del
sistema nacional de I+D daña su credibilidad y mina la competitividad.
El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de ello (pero no es el
único). A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema
de investigación en España en términos de recursos humanos. Vio la luz
en el 2001 con una visión de futuro cuyo compromiso es, y siempre ha
sido, ofrecer la posibilidad de estabilización de los investigadores que
hayan superado las dos evaluaciones establecidas durante un “periodo de
prueba” de 5 años (en el segundo y en el cuarto año): es el “
tenure-track”
español. Sin embargo, solo un 37% de los investigadores de la
convocatoria del 2006 que han superado las evaluaciones establecidas en
el programa ha logrado estabilizarse, siendo este porcentaje
significativamente más reducido para los investigadores de la
convocatoria del 2007 cuyos contratos empiezan a finalizar en los
próximos meses. De media, los investigadores que han acabado o están a
punto de acabar sus contratos y han superado satisfactoriamente las
evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los cuales han sido
dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una
extensa experiencia en el extranjero y participan en una amplia red de
colaboradores internacionales. Existen otros muchos investigadores de
perfil similar que se encuentran en la misma situación. Es urgente que
el sistema de investigación español cumpla los compromisos de su
tenure-track
actual y se modifique para permitir una
planificación
de recursos humanos que haga viable esta figura (el nuevo contrato de
acceso en la Ley de la Ciencia dista mucho de ser un tenure-track).
Las características de la labor de investigación exigen décadas para
la formación de un capital humano de calidad. España no alberga un
sector privado en I+D+i que pueda absorber y aprovechar a investigadores
altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha costado
formar y que mejor preparado está para contribuir a un modelo productivo
basado en el conocimiento, no va a tener otro remedio que emigrar o
dejar la investigación. El país se enfrenta a una “fuga de cerebros”
multi-generacional (desde los investigadores que empiezan ahora sus
tesis doctorales hasta los de 40-45 años). España también se arriesga a
cauterizar la vocación por la Ciencia de las generaciones más jóvenes
(ahora niños y adolescentes). Dentro de unos años, España no tendrá más
remedio que importar científicos. Sólo podrá hacerlo atrayéndolos con
costosas ofertas que puedan competir con las de países punteros en
ciencia, cuyas políticas de recursos humanos tendrán mucha mayor
credibilidad. Si España no toma medidas urgentes para conservar el
capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de
investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado
cambio en el modelo económico.
INVERSION EN I+D
La inversión en I+D ha de
converger con la media de la UE-27 y aproximarse al objetivo del 3% del
PIB establecido por el Consejo Europeo en su Estrategia de Lisboa. La
financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB y se estima que
esta cifra será de menos de un 1,35% durante el 2011. Mientras que los
países motores económicos de la UE están cercanos o por encima del 2,5%
(con tres países por encima del 3%), los países rescatados o
intervenidos se encuentran muy por debajo del 2,3% (la media de
inversión en la Europa de los 27). ¿Casualidad? Evidentemente no:
ninguno de los países económicamente sanos en el grupo de cabeza de
Europa se ha permitido mantenerse relegado a los vagones de cola en I+D.
La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos
políticos y económicos. La ausencia de estabilidad, un mal endémico del
sistema de investigación español, hace que pierda efectividad y
credibilidad. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46
de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un
4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un
8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con
respecto al año anterior). España sigue en I+D una política cíclica, que
hace aún más vulnerable al país cuando peor está su economía, cortando
posibles vías de recuperación. Por el contrario, muchos países punteros
en investigación adoptan en I+D una política anti-cíclica, de mayor
inversión cuanto menos crece la economía. En el 2012, Francia ha
anunciado un paquete de estímulo de € 35.000 M para investigación,
mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta
el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de
investigación (incluyendo al Instituto Max Planck y la
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación
Alemana para la Investigación). Así mismo, el 2 de Marzo del 2012, la
Comisión Europea, contando con el apoyo del Gobierno español, propuso
aumentar muy significativamente la inversión en investigación y
desarrollo, pasando de € 55.000 M en el 2007-2013 a € 80.000 M en el
2014-2020 (MEMO/12/153).
Un
modelo económico basado en la generación de conocimiento sólo tendrá
éxito si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en
términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que
apueste por la investigación y la innovación. Para potenciar este
último, el Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en
el año 2007 el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (RSFF).
Sin embargo, si España no evita la fuga de investigadores, el sistema de
investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble
factor: ni las empresas españolas encontrarán personal investigador
cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni
las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para
beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea (€ 80.000
M en el 2014-2020).
El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar
décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un
acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. Es una
cuestión de Estado y debería considerarse una prioridad. En palabras
del Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos “vamos a
hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española
(…) y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera
investigadora” (Sesión Plenaria del Congreso de los
Diputados, 21-02-2012).
Los líderes políticos deberían ser coherentes con el mensaje que
están enviando a la sociedad española y a otros países e inversores: no
pueden mantener la retórica del cambio a un modelo productivo basado en
el conocimiento, mientras que todos los pasos que dan van en la
dirección opuesta, produciendo irremediablemente un grave daño a corto y
largo plazo a la infraestructura científica y su capital humano que
sólo puede resultar en una economía de conocimiento “prestado” que
alberga pocos expertos locales.
“Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia” (Derek Bok).
GRACIAS POR SU APOYO
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Si desea más información sobre la situación actual de la
investigación en España puede encontrar una recopilación de artículos de
prensa aquí:
http://www.investigaciondigna.es/blog.html
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